Desprecio Mutuo

Desprecio MutuoAhora que se acercan elecciones y andan todos a la gresca por conservar sus cuotas de poder, conviene echar un ojo a cómo afectan de modo concreto a las personas las decisiones que toman los que mandan. Tal vez de esta manera tengamos más información para poder ejercer nuestro derecho a voto.

El año pasado, el gobierno del Partido Popular aprobó el Real Decreto 625/2014, que faculta a las Mutuas de Accidente para hacer seguimiento ya no solo de las bajas por accidente de trabajo, si no también de las bajas por enfermedad común. Más aún, según se recoge en el decreto, las Mutuas, sin necesidad de ver al paciente sino accediendo a su historial clínico, podrán proponer un alta del trabajador. Si el INSS no contesta en 5 días, el alta se hará efectiva de manera inmediata. También podrán suspender el cobro de subsidio si uno no se presenta a los reconocimientos médicos que tengan a bien hacerle al trabajador, independientemente lo que estipule su médico de atención primaria. De esta manera, puede estar uno con una fiebre fuerte que no conste en su historial médico y recibir indicación de incorporarse a su puesto de trabajo, porque su médico, en una situación laboral cada vez más precaria, no ha podido evaluarle de nuevo.

El asunto es que estas Mutuas son empresas, por lo que no se entiende muy bien cuál es el interés que pueden tener ellas en la reincorporación precaria de los trabajadores, ni el motivo de que un Gobierno les ceda una cuota de poder tan importante sobre el derecho a  la Salud de los trabajadores. Es posible que si vemos cómo gestionan estas mismas Mutuas otros asuntos, tal vez conozcamos un poco mejor sus intereses.

Supongamos que su nombre es Rocío. Lo que no es una suposición es que trabaja con menores en riesgo social, que tienen comportamientos violentos. Al quedarse embarazada, no existe la posibilidad de adaptar su puesto de trabajo, tal y como reconoce la empresa para la que trabaja, por lo que pasa a ser considerado embarazo de riesgo. En consecuencia, la prestación por riesgo durante el embarazo corre de cuenta de la Mutua, en virtud del Real Decreto 295/2009, de 6 de Marzo. Los trámites no son complicados: una se va al médico, le certifica que está embarazada y la fecha probable de parto, la empresa aporta el certificado de que no puede adaptar su puesto de trabajo y con la documentación se dirige a la Mutua, donde un médico da el visto bueno y tramita la baja. El asunto es que la Mutua tiene un mes de plazo para hacer su trámite. A Rocío y tres compañeras suyas, todas en los últimos meses les ha hecho esperar esos 30 días, sin dar ninguna justificación, con la evidente exposición de la embarazado de verse involucrada en una conducta violenta de alguno de los menores con los que trabaja y el riesgo para su embarazo que ello supondría. De hecho, fue necesaria una protesta a través de redes sociales de sus compañeros para que, en el último caso, el plazo se acortara casi dos semanas.

Nadie puede creerse que una Mutua no tenga un médico disponible en toda la Comunidad de Madrid, que es donde se han dado los casos, para tramitar la baja en el plazo de una semana. Sin embargo, resulta mucho más convincente que, teniendo que hacerse cargo de la prestación que recibe la trabajadora, no tengan prisa alguna en darle cita. De esta manera, anteponen su balance de cuentas al derecho de esas trabajadoras no ya a su salud, si no a la decisión de ser madres.

Esta política también la habitual cuando se trata de accidentes de trabajo. Les contaré otro caso, también en Madrid. Se trata de una trabajadora que tiene un puesto de oficina en una multinacional. Hará tres semanas, se hace daño en una de las rodillas mientras realiza su trabajo. Acude a su Mutua para que la vea un médico y tramite su baja por accidente de trabajo. La citan para realizarle una resonancia magnética pero, un día antes de la cita, recibe una llamada en la que le informan de que la Mutua no reconoce su accidente laboral, alegando que existe una patología previa que, sin embargo, no está diagnosticada ni consta en su historial médico. Inmediatamente, se pone en contacto con la doctora del servicio médico contratado por su empresa, y posteriormente con el doctor que la atendió en la Mutua. Ambos insisten en el argumento patología previa, a pesar de no ser capaces de dar ningún diagnóstico de dicha lesión ni aparecer esta reflejada en su historial médico ni en los reconocimientos anuales que realiza el servicio médico de la empresa. Es decir, la misma doctora que alude a una patología previa no la ha visto durante los reconocimientos médicos que ha realizado.
Cuando se les recuerda que, según lo recogido en el artículo 115 de la Ley General de la Seguridad Social, un accidente de trabajo es “toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo por cuenta ajena” (art. 115 LGSS) y que incluso existiendo patología previa se considerará accidente de trabajo “Las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente” (art. 115.2 f) LGSS) y que, en cual quier caso, “se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar de trabajo” (art. 115.3 LGSS), su respuesta es que sí, que es cierto, que si denuncia probablemente gane el juicio, pero que no le dan la baja. Y que en la resonancia, por cierto, no se observa lesión alguna.

Mientras se pensaba si podía permitirse litigar para defender sus derechos, tiene que acudir de urgencias al hospital ya que los dolores en la rodilla no cesan. Tras ser examinada, los médicos comienzan a hablar de una artroscopia ya que tiene reducida la movilidad en la articulación y espera la cita encamada. No hace falta explicar que mientras la baja sea por contingencias comunes la paga la Seguridad Social, mientras que si se reconoce el accidente de trabajo es la Mutua la que tiene que hacerse cargo.

Con estos casos, todos documentados y vividos en primera persona, parece quedar claro cuáles son los intereses, económicos, de las empresas que han recibido el poder de decidir sobre el derecho a la Salud de los trabajadores. Los que quizás tendrían que explicar más claramente sus motivaciones son los que aprobaron el Real Decreto que las faculta para ello, y que en Noviembre se presentan a examen. Porque si bien parece que el desprecio de esas empresas hacia los trabajadores parece evidente, frente a sus intereses económicos, no debería ser permitido, ni mucho menos fomentado, por unas instituciones que tienen la obligación de velar por el interés de los ciudadanos. Por muy liberales que se declaren.

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